La Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador (ASOTEP) ha emitido un pronunciamiento firme frente a la demanda de inconstitucionalidad presentada por la empresa CONTECON S.A. ante la Corte Constitucional. La acción legal, que busca eliminar la participación de los terminales portuarios privados amparados por la Ley General de Puertos y su Reglamento, es calificada por ASOTEP como infundada, arbitraria y perjudicial para el desarrollo del país.
De prosperar, esta demanda tendría consecuencias graves sobre el sistema productivo, comercial y logístico del Ecuador. En primer lugar, afectaría directamente a la libre competencia, un principio que, según el mismo contrato de concesión firmado entre el Estado ecuatoriano y CONTECON S.A. en 2007, debe ser respetado. Este acuerdo reconoce la legalidad y coexistencia de puertos privados en el país.
ASOTEP también advierte sobre el impacto que tendría esta medida en la inversión privada. A diferencia del modelo concesionado, los terminales portuarios privados asumen completamente la inversión en infraestructura y operación, sin recibir aportes estatales. Esto incluye adquisición de terrenos, dragados, construcción de muelles y tecnología operativa de alto nivel.
Asimismo, la competitividad nacional estaría en riesgo: actualmente, desde los puertos privados se moviliza aproximadamente el 50% de la carga no petrolera y contenerizada del país. Atentar contra este modelo significaría afectar directamente al sector exportador, disminuir la inversión privada y limitar la recaudación fiscal.
ASOTEP recuerda que los puertos privados operan bajo estrictas normas de regulación y control estatal, implementando protocolos de seguridad y medidas antidrogas en todas las etapas de la operación. En ese sentido, la asociación recalca que la demanda busca, en realidad, restringir la libre competencia protegida por la ley ecuatoriana.
Finalmente, ASOTEP reafirma su compromiso con un modelo portuario privado eficiente, seguro y competitivo, y hace un llamado a las autoridades y a la opinión pública para defender una estructura que ha demostrado ser clave en el desarrollo económico del país.
