El gobierno del presidente Daniel Noboa ha oficializado un nuevo impuesto de $20 por cada paquete que ingrese al país bajo el régimen 4×4 (compras en el exterior por hasta $400 y 4 kg), medida que entró en vigor esta semana y ya está generando intensas reacciones tanto entre consumidores como comerciantes.
Según el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), esta decisión busca equilibrar la balanza comercial, proteger a la industria nacional y compensar las pérdidas fiscales derivadas del alto volumen de compras que ingresan por este mecanismo, especialmente desde Estados Unidos y China. El régimen 4×4 ha sido ampliamente usado por miles de ecuatorianos para adquirir productos electrónicos, ropa, accesorios y otros artículos que no siempre están disponibles —o son más costosos— en el mercado local.
Sin embargo, el nuevo recargo ha sido interpretado por analistas y actores económicos como una medida regresiva. En primer lugar, afecta directamente a la clase media y baja, que recurren al sistema 4×4 para acceder a mejores precios y variedad. También puede tener un impacto negativo en pequeños emprendedores que importan productos en pequeña escala para revenderlos o abastecer sus negocios.
Desde una perspectiva política, la medida llega en un momento delicado. Noboa enfrenta presiones fiscales por el déficit presupuestario y las urgencias derivadas del conflicto con el crimen organizado. Aunque el gobierno argumenta que esta recaudación adicional ayudará a financiar servicios públicos, sectores críticos señalan que se está penalizando el consumo ciudadano mientras otros sectores con mayor capacidad contributiva aún no han sido tocados.
En términos de impacto, se estima que este impuesto podría reducir hasta en un 40% el uso del sistema 4×4, afectando también a empresas de courier y logística que han crecido en torno a este modelo. Al mismo tiempo, se abre la puerta a un eventual fortalecimiento del comercio local, siempre que se tomen medidas complementarias para incentivar la producción nacional y mejorar la competitividad.
Con esta decisión, el gobierno de Noboa apuesta por una política fiscal más recaudatoria y proteccionista. La clave estará en cómo logre equilibrar esta intención con el malestar de los consumidores, en un país donde el acceso a productos globales se ha vuelto parte del día a día.
